En los últimos días los ministros del Ambiente, Manuel Pulgar
Vidal, el de Energía y Minas, Jorge Merino, y varios funcionarios del
gobierno han refutado las mentiras del alcalde de Espinar Óscar
Mollohuanca, de los dirigentes del Frente de Defensa y de congresistas
oficialistas, que han intoxicado a la población con falsedades sobre la
mina Tintaya.
El supuesto estudio sobre contaminación era de otro lugar, no de la
zona de influencia de Tintaya. Y los problemas no derivaban de
contaminación producida por una mina sino por causas naturales.
¿Y la prevención?
La pregunta obvia es entonces, ¿por qué el gobierno no explicó eso
antes? ¿Por qué permitió que políticos oportunistas sembraran su ponzoña
impunemente?
El año pasado, Mollohuanca y una comitiva de religiosos y ONG viajó a
Europa y se entrevistó con altos funcionarios de varios países para
desacreditar a Xstrata y obtener respaldo a su causa. Y desarrollaron
una incesante labor de agitación en Espinar.
Los revoltosos jugaron solos en la cancha. Nadie los refutó. El gobierno no hizo nada hasta que fue muy tarde.
Lo que está en juego
Si bien no existe un líder o grupo que dirija y organice todas las
protestas, sí se producen coordinaciones y hay instigadores. En el caso
de Espinar, hay que reconocerle el mérito a Marco Arana que ha
incentivado a Mollohuanca, que pertenece a su partido Tierra y Libertad,
a provocar los ataques a Tintaya coincidentemente con la huelga de
Cajamarca. (Mayo es un mes propicio, pues el 23 de mayo del 2005 fue el
asalto e incendio del campamento de Tintaya).
Esta mina tiene una importancia clave. Está a punto de iniciar la
producción de una ampliación aledaña, Antapacay (US$ 1.500 millones). Y,
más importante aún, Las Bambas en Apurímac (US$ 4.250 millones),
también de Xstrata, está por comenzar. El asunto es que el mineral de
Las Bambas se transportaría por un ducto a la planta procesadora de
Tintaya y de allí a la costa para su exportación.
Si paralizan Antapacay y bloquean el ducto minero se cae Las Bambas,
que junto con Conga son más US$ 10.000 millones de inversión, los
proyectos más grandes en el país. Eso probablemente significaría el fin
de la gran minería en el Perú por muchos años.
Cambios en Cajamarca
La huelga indefinida en Cajamarca ha empezado lánguida. Pero eso no significa mucho, así comenzó en noviembre del año pasado.
No obstante, sí han cambiado varias cosas. En primer lugar, hoy día
hay una oposición política a Gregorio Santos y los antimineros. El
Colectivo por Cajamarca realizó el martes pasado una manifestación
varias veces más grande que las que han podido convocar los revoltosos.
Los antimineros ya no juegan solos en la cancha y eso es
importantísimo. Ninguna empresa puede mantener buenas relaciones con la
población y evitar los conflictos, por más obras que haga, si los
antimineros son los dueños de la política.
Algunas personas, incluso en círculos empresariales, decían que Conga
tenía problemas porque Yanacocha no había sabido relacionarse con la
gente. ¿Y BHP Billiton y Xstrata en Espinar? ¿No son grandes empresas,
con altísimos estándares medioambientales y de calidad? ¿El convenio por
el cual se donaba el 3% de las utilidades, no era el modelo saludado
por todos, incluyendo ONG ambientalistas? ¿De qué sirvió todo eso si la
política es manejada por agitadores inescrupulosos?
Lo segundo, es que desde diciembre el ministro René Cornejo y otros
funcionarios han realizado un persistente trabajo de relación con
comunidades y autoridades locales. Aquí sí el gobierno ha hecho su
tarea.
Lo tercero, unos 60 cabecillas están siendo procesados. No es mucho,
pues la ley no se ha aplicado a los responsables de los disturbios,
pero es algo.
Finalmente, sin embargo, el resultado dependerá de cómo el gobierno y
los antimineros jueguen sus cartas y desplieguen sus habilidades. O
torpezas.
Negocio rentable
Hace poco más de una década Óscar Mollohuanca lideró al Frente de
Defensa de Espinar en sus reclamos a Tintaya. A pesar que desde el 2003
la empresa BHP Billiton había decidido por propia iniciativa entregar el
3% de las utilidades para obras en beneficio de la población, además
del canon y otras ayudas, el 2005 una turba invadió el campamento minero
e incendió las oficinas.
El negocio de encabezar revueltas es rentable y Mollohuanca se
convirtió en alcalde. Como al parecer no es un buen administrador –su
ejecución presupuestal es pobre y no resuelve problemas elementales de
la población, como el agua potable– sigue haciendo lo que sabe, mentir,
agitar y atacar a la mayor empresa de la zona. Hasta ahora no le va mal.
Muchos en el Perú saben administrar ese negocio. Juan Manuel
Guillén, un ineficiente alcalde de Arequipa, se hizo de la presidencia
regional gracias a su protagonismo en la revuelta del 2002, al igual que
el aprista David Vera Ballón.
Gregorio Santos hizo carrera como rondero y dirigente del SUTE y
llegó a la presidencia regional. Su gestión es muy mala pero, al
parecer, mantiene un apreciable número de seguidores provocando
revueltas.
Ni qué decir de Ollanta Humala, que apoyó durante años, junto con su
gente, todas las movilizaciones de protesta y en ocasiones distintas
pidió la destitución de tres presidentes: Alberto Fujimori, Alejandro
Toledo y Alan García. De allí a la presidencia, un solo paso.
Mientras siga siendo rentable provocar disturbios, habrá gente que lo haga.
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