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- 23-08-12, 23:51:49
El blog de Roque
En su mensaje
por 28 de julio, el presidente Humala propuso una reforma para incluir
el derecho al agua en la Constitución. Coincido con el primer mandatario
en que todos tenemos este derecho, así como todos tenemos derecho al
aire y a una vida digna. Pero de ser realmente necesaria una reforma,
tendríamos que incluir en la Carta Magna todos los derechos que tenemos los peruanos y seres humanos.
Este impacto en el desarrollo de los proveedores es
realmente impresionante, si consideramos que las importaciones de los
productos e insumos que utiliza la minería representan el 9% de lo que
emplea. Es decir, el 91% de los insumos que usa son locales, y estos
proveedores son de la misma región o de otras.
En una economía formal, la participación en el PBI
debería coincidir con el aporte al impuesto a la renta. Y resulta que en
el Perú las empresas del sector minero representan el 15% del PBI, pero
pagan el 40% del impuesto a la renta. Esto no quiere decir que la
minería paga demasiado, significa que en nuestro país hay muchísima
informalidad.
Cada cierto tiempo, en forma recurrente, se habla de una
crisis energética que amenazaría con detener el ritmo de crecimiento que
viene registrando la economía peruana. Ante este temor debemos reiterar
que donde se perciba una crisis, hay que ver, ante todo, una
oportunidad. Y en el caso del tema energético estamos ante una gran
oportunidad. No exagero.
¿Qué pasará si no sale el proyecto Minas Conga? ¿Se
detendrán las inversiones mineras? ¿Buenaventura dejará de operar? ¡Nada
de eso!
La prestigiosa revista Forbes ubica este año al Perú en
el puesto número 42 en el ranking de los mejores países para hacer
negocio, y en el segundo lugar en Latinoamérica. Sin embargo, no podemos
dejar de decir que hace buen tiempo podríamos haber avanzado muchos más
escalones si desde el Estado se propusieran hacerlo.
El gobierno y los representantes del sector minero
llegaron a un acuerdo mediante el cual se establece un régimen
tributario que combina el incremento de la recaudación, el respeto a los
contratos de estabilidad jurídica y un nivel de competitividad que
asegure la continuidad de las inversiones. El asunto ahora es qué viene
después.
En el debate en torno a la tributación minera se ha hecho
uso y abuso del término sobreganancias, que desde mi punto de vista es
peyorativo porque suena a ganancias indebidas o ilícitas.
Terminó la campaña electoral, ya tenemos un presidente
electo y, como buenos defensores de los valores democráticos, debemos
aceptar el resultado.
Una pregunta que debemos hacernos es si el Estado debe
captar más recursos del sector privado cuando éste atraviesa por tiempos
de bonanza, o si debe permitir que las empresas inviertan esos recursos
en forma adecuada, principalmente en infraestructura pública.
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Roque Benavides Ganoza
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