Ernesto Ráez Luna. Asesor de la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente (Minam).
Silvia Pérez B.El asesor de la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente (Minam) reconoce que el gobierno ha tenido lentitud y falta de coherencia en los programas de formalización de la minería ilegal. Sin embargo, indicó que se cuenta con las herramientas necesarias para combatir esta actividad que afecta a cientos de peruanos.
-¿Cuál es la situación actual de la minería ilegal en el Perú?
Actualmente se ha conseguido cubrir 21 regiones del país y configura hoy un problema de seguridad interna muy grave. Según un informe de Macroconsult, el impacto económico de la minería de oro ilegal sería mayor incluso que el impacto del narcotráfico. Ahora bien, esto (minería ilegal) se da en todas partes del Perú pero con mayor intensidad en Madre de Dios y en Puno, en donde se produce casi dos tercios de esta minería.
-¿Cuánto se pierde económicamente por esta actividad?
De acuerdo con Macroconsult, cerca de 1 millón 142 mil onzas de oro que fueron exportadas el año pasado provenían de lo ilegal, y eso equivale a US$ 1.800 millones.
-Frente a esta situación, ¿qué viene realizando el Estado?
Desde el gobierno, el presidente Ollanta Humala indicó una serie de iniciativas enérgicas contra la minería ilegal. A raíz de eso, el Congreso le otorgó facultades legislativas, que tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, la interrupción de detener actividades en curso de minería ilegal, pero también el fortalecimiento de la capacidad del Estado para penalizar la actividad en la medida que figura condiciones de un delito organizado, ambientales y laborales, además los delitos conexos como la trata de personas.
-¿Y el segundo objetivo?
Es generar la posibilidad de una formalización agilizada en dos años para aquellos mineros que se pueden encontrar en condición de ilegalidad pero que tienen un deseo genuino y sincero de entrar más por el dominio de la ley.
-¿Por qué es difícil la formalización en esta actividad?
Reconocemos que uno de los problemas o condicionantes para el desarrollo de la minería legal en los últimos 10 años, además del precio internacional del oro, ha sido la lentitud y la falta de coherencia del Estado en los programas de formalización, en particular para la pequeña minería y la minería artesanal, la cual ayuda a supera la pobreza.
-¿Qué se debería fortalecer para tener una minería formal?
Primero es la tipificación de lo que es pequeña minería y la artesanal, con la minería aluvial que se hace sobre depósitos en los ríos y la de socavón que se ve en los andes. Además se debe fortalecer el régimen de concesiones ya que hay pocos incentivos para que estas reconozcan, por ejemplo, el contrato de exportación a los mineros que trabajan en situación de precariedad.
-¿Por esta razón se registran numerosos accidentes en esta actividad?
Claro, porque esta gente trabaja sin mayor garantía laboral, ni seguro, lo que provoca accidentes, que en algunos casos son mortales. Entonces esta gente necesita contratos de exportación que formalicen con los concesionarios.
-¿Se cuenta con las herramientas necesarias para combatir la minería ilegal?
En algunos casos sí. Hay dispositivos para la formalización agilizada, el fortalecimiento de la fiscalización, penalización y de intercepción, así como instrumentos de gestión ambiental correctivos. Sin embargo, debemos reconocer que hay modificaciones a la legislación minera que son necesarias para que este proceso acabe de consolidarse a un largo plazo.
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