Rescatar a la universidad pública

En el último medio siglo, nuestro sistema  universitario  ha declinado y con ello, claramente,  no ha contribuido al  desarrollo del país.  Quizá  esa decadencia se exprese en el estado en que se encuentra la universidad pública. Ahí donde debió crearse una educación superior de calidad accesible en principio para todos, se establecieron grandes concentraciones burocráticas que han  devenido  poco gobernables al caer  en una espiral de radicalismo político que terminó por tergiversar, y de hecho, neutralizar sus posibilidades de injerencia constructiva en los asuntos públicos. No solamente eso: el Estado, al hallar en la universidad un foco de acción y prédica fuertemente contestataria, optó por retirarle el sostenimiento financiero y abandonarla a su suerte.

Esto ha situado a las universidades públicas en una triple situación de precariedad: honda pobreza de su infraestructura, incapacidad para atraer a sus claustros a las personas más capacitadas y una dotación presupuestal ínfima que, además, se hace proporcionalmente más insignificante en la medida en que continúa la proliferación demagógica de universidades sin futuro ni presente.

Superar este estado de cosas exige reconocer que en este momento no tenemos un modelo de universidad que haya sido el resultado de un cuidadoso diálogo entre Estado y sociedad. Existen los residuos dejados por la decadencia de un modelo anterior y,  de otra parte,  los nuevos aditamentos de un seudomodelo nuevo, resultante de una legislación oportunista o, en el mejor de los casos, irreflexiva y cegada por un cierto fetichismo empresarial. Debemos, pues, reconocer la necesidad de plantear un modelo distinto que rompa con ciertos mitos paralizantes  para así  revitalizar a la universidad pública. 

El primero de esos mitos es la idea de que deba existir una distinción tan tajante entre universidad pública y  privada. A lo sumo, esa distinción tendría alguna relevancia en el planteamiento de una política nacional  de rescate de las universidades estatales con los incentivos de diverso tipo que para ello sean necesarios. Pero en cuanto a los objetivos, la concepción de la relación educativa, las dinámicas de gobierno interno, los niveles de excelencia exigidos para  los estudiantes, pero también, esencialmente, para  los docentes y sus autoridades, esas diferencias deben ser borradas. Necesitamos un sistema universitario que garantice, en su unidad, una formación de calidad a todos quienes accedan a él, en lugar de un sistema de segregación en el cual sólo tienen formación profesional solvente  los que pueden pagar por ella.

Otro mito por desterrar es la inadecuada comprensión del principio de autonomía. Este debe ser asumido no como extraterritorialidad, sino como el derecho de autogobierno al servicio del país, con la conciencia añadida de que no hay derecho sin responsabilidad, esto es, no hay autonomía sostenible sin rendición de cuentas obligada. Y esa no es únicamente una rendición de cuentas financiera o funcional, sino también moral y cívica: la autonomía de la Universidad, que hay que defender, debe defenderla también de la colonización de los claustros por ideologías ciegas e intolerantes y por intereses políticos minúsculos que, paradójicamente, terminan alejando a la Universidad de su preocupación por la cosa pública.

El tema, obviamente, no se halla agotado.  Seguiremos con él más adelante.