Hace poco se promulgó la denominada Ley de protección a la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados. Esta norma establece que las entidades educativas no pueden condicionar ni impedir la asistencia a clases, la evaluación de los alumnos, ni la atención de los reclamos formulados, al pago de pensiones en el ciclo lectivo en curso.
En nuestro editorial ya hemos explicado cómo esta ley terminará perjudicando a los alumnos que dice querer proteger. En el video que acompaña esta nota, Luis Bustamante explica con más detalle los problemas que generará la norma.
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