Por la universidad pública
Domingo, 16 de diciembre de 2012 | 4:30 am
Hace unas semanas escribí acerca de la universidad pública y la necesidad de su rescate. Ello motivó una réplica de mi amigo, José Ignacio López Soria, filósofo y ex rector de la UNI. Sobre el tema, me parece oportuno precisar algunos aspectos de mi texto, habida cuenta de la extrema importancia de la institución universitaria estatal para el desarrollo del país y la consiguiente realización de miles de jóvenes.
Eso no implica, en absoluto, que ignore los tremendos males que padecen las universidades privadas, aun aquellas llamadas “de excelencia”. Sobre eso no deben plantearse pues insinuaciones que conduzcan a graves malentendidos.
He de señalar, que desde mi óptica la universidad pública es tan importante como la privada, y de pronto lo es más. Académica y científicamente necesitamos que ella sea un auténtico centro de transmisión y recreación de conocimientos y lugar eficiente de formación de nuevas generaciones honestas de profesionales, pensadores y científicos. A ello ha de añadirse su enorme importancia social pues ha de ser un espacio privilegiado de inclusión e integración donde se geste una ciudadanía plena, tolerante, respetuosa, igualitaria.
Ahora bien, una de las primeras formas de servir a la Universidad pública es reconocer sus falencias sin ambages. Hacerlo no constituye un “lugar común” sino más bien el primer paso para un gran esfuerzo nacional y estatal de su recuperación. La orfandad de apoyo estatal efectivo es, evidentemente, una de esas debilidades. Mas no cabría ignorar otros problemas que si bien se hallan vinculados con su precariedad material, la trascienden. Me refiero, entre otras, a la innegable “politización” que ella, desde hace largo tiempo, padece. Queda claro que la Universidad tiene un papel que cumplir en la vida política del país y resulta muy saludable que en ella se debata y se reflexione sobre nuestros asuntos públicos. Mas cuando esa dimensión política asume la forma de radicalismos sectarios e intolerantes o sirve de disfraz, nada transparente, para compromisos turbios que permitan llegar al poder institucional, entonces la Universidad no sólo deja de cumplir su función sino que desnaturaliza el sentido de la auténtica política.
Hay pues que pensar la Universidad pública desde dentro. En los organismos multilaterales como la Unesco se han acuñado algunos conceptos que valen como horizonte normativo – “calidad, pertinencia y equidad”– pero ellos sirven de muy poco si no los situamos en nuestra realidad. Habría que hacer de esas categorías puntos de partida de una reflexión crítica, analizar lo que ellas significan en una situación como la que vivimos y, por tanto, evitar el caer en su uso reiterado como simples rótulos que señalan un punto de llegada pero que no ayudan a trazar el camino para alcanzarlo.
A tal tarea se ha dedicado, desde hace algunos años, el Instituto de Estudios Universitarios (INESU), esforzándose por articular una ley universitaria que parta de un diagnóstico serio de la universidad peruana en general, para de allí, esbozar la ruta que nos conduzca a estándares internacionales. Es un esfuerzo que, estoy seguro, el doctor López Soria conoce y aprecia. Creo que coincidirá conmigo en que conviene seguir tal camino para así ofrecer a nuestros jóvenes la universidad que ellos merecen.
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