No más competencia en la educación universitaria de mala calidad
Por Pablo Secada. El Congreso aprobó ayer la "Ley que Establece la Moratoria para la Creación de Universidades Públicas y Privadas por un período de Cinco Años". La ley "impide la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas" y "suspende [...] la creación de filiales [...] y el ingreso en la modalidad de educación a distancia [...]". También autoriza "excepcionalmente, por el plazo de un año, al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), para que evalúe y autorice a las universidades que cuenten con el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) aprobado para la fase de implementación".
La ley pretende ocultar su intencionalidad planteando el buen deseo que "la finalidad de la moratoria [...es] que se replantee la política de la educación superior universitaria [...] en el marco de un sistema de educación superior que establezca requisitos de creación y funcionamiento de universidades debidamente acreditadas y certificadas que garanticen calidad, investigación y vinculación con las necesidades de desarrollo del país". Sería lindo si en realidad se estuviera siquiera planeando hacer algunas de las cosas que se mencionan.
Lo absurdo de la ley se demuestra fácilmente, al igual que sus verdaderas intenciones. Al suspender la creación de universidades hasta que se establezcan requisitos de calidad para su creación, se está aceptando que el sistema actual no lo hace y que se han creado universidades que no debieron ser autorizadas. Pero la ley no pone ninguna traba a que éstas, que nunca debieron autorizarse, sigan recibiendo cada vez más alumnos y engañándolos con el cuento de que un título de las mismas les será de utilidad en su vida profesional. Es claro que el único objetivo real de la ley es permitir que los que llegaron primero al negocio no tengan que compartirlo con quienes quieren una tajada de la torta -y libre de impuestos-. ¿Se les permitirá seguir llamándose universidades y emitiendo bachilleratos, maestrías y doctorados a las universidades que financian las campañas o los ingresos de congresistas?
Como hemos señalado antes (ver), la teoría económica esgrime razones para que el Estado intervenga en la educación superior, principalmente debido a que quienes usan sus servicios no tienen información adecuada y oportuna. Las universidades privadas con fines de lucro son, en muchos casos, literalmente, un engaña muchachos. Existe un fuerte incentivo a reducir costos sacrificando la calidad de la educación, sobre todo porque es difícil para los alumnos juzgar oportunamente la calidad de la educación que reciben. Universidades que dudamos se atreverían a publicar sus estadísticas de empleabilidad y remuneraciones de egresados tienen más alumnos que la Decana de América (ver gráfico 1).
Si bien no es un monopolio de las universidades públicas, su precariedad institucional es grosera. Muchas son centros de politiquería, clientelaje y, generación y reparto de rentas. El uso de gran parte del canon universitario es un ejemplo de dispendio. En vez de financiar a los pocos investigadores de, por ejemplo, la UNI, San Marcos o la Agraria, o concursar fondos que ganarían las pocas universidades públicas y privadas donde realmente se hace investigación, se malgastan o congelan fondos y ocupamos puestos vergonzosos en investigación universitaria (ver gráfico 2).
Dudamos que mientras se mantiene la moratoria de universidades se avance significativamente en las tareas pendientes que menciona la misma ley. ¿La certificación de calidad será independiente y rigurosa, o pondrán al gato de despensero? ¿Se certificará seriamente a los institutos pedagógicos? ¿Habrá indicadores de gestión? ¿Se publicará información comparando la calidad de todas las universidades y carreras para que los alumnos puedan elegir acertadamente?
¿Tendremos, al menos, centros de enseñanza superior? Así podremos pasar a la siguiente discusión: las mejores universidades del mundo (ver cuadro, en la que ninguna universidad peruana aparece) son centros de investigación, no sólo lugares donde se dictan clases. ¿Se adoptarán cambios para que las universidades tengan laboratorios, agendas de investigación y becas? Lo dudamos. No se ha restringido la oferta de muy pobre calidad, sólo se ha asegurado que las rentas de esta oferta las mantengan quienes ya las aprovechan.
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