Conflictos: de protestas contra las autoridades a rechazo a minería

Desembalse. Protestas sociales en 2011 se dispararon en gobierno de García a 217.

Hoy la protesta social se direcciona a lo socioambiental. Hay miedo de comunidades a sufrir contaminación o agotamiento del agua por actividad extractiva.

Christiaan Lecarnaqué. Arequipa.

Después de diez años de dictadura y sin protesta social, el “arequipazo” fue el primer conflicto social que estalló en democracia. En junio de 2002, miles de arequipeños se volcaron a las calles para oponerse a la privatización de la Empresa de Generación Eléctrica. Autoridades y sociedad civil consiguieron torcer la voluntad del Ejecutivo que tenía previsto entregar la generadora a la empresa Tractebel.

Tras esa movilización social, el ritmo de los conflictos tuvieron características distintas en los siguientes gobiernos. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2004, la  protesta popular en distintos puntos del país la alentaba las malas gestiones regionales y municipales: no solo  cuestionaban su inoperancia, también predominaron acusaciones por  corrupción.

En cambio, en la actividad minera, hoy convertida en la madre de la mitad de conflictos, se respiraba cierta paz social. Solo se reportaban  esporádicos roces. En Piura explotó el rechazo a la minera Majaz, que pretendía explotar un yacimiento de cobre en la cabecera de cuenca. Antes Tambogrande expulsó a Manhattan, que buscaba explotar oro en territorio piurano.

Se aprecia en el informe de mayo de 2004 que la dirección de las protestas perseguía un objetivo. El 74% fueron organizadas para cuestionar a un alcalde provincial, distrital o regidor por la motivaciones señaladas. Las manifestaciones consistieron en movilizaciones, toma de locales y finalizaron con procesos de revocatoria.  El caso más emblemático lo representó el alcalde de Ilave, Fernando Robles, asesinado por una  turba; lo acusaban de corrupción, aunque después se demostró su inocencia.

El 11% de las protestas de mayo de 2004 fue contra el gobierno regional, 4% Ministerio de Agricultura y el 7% contra otras actividades.  Al final de ese año, la Defensoría del Pueblo contabilizó 93 conflictos, entre activos y latentes.

Otro dato interesante que aportó ese documento es que el 58% se gestó en zonas rurales y el 80% en poblaciones con pobreza.

Hasta 2006, los conflictos sociales tuvieron de blanco las gestiones  municipales. Amainada la tormenta comenzó a gestarse la corriente antiminera.

Avanzan los conflictos mineros en el país

Aunque el 40% de las 97protestas registradas en el 2006 es responsabilidad de los gobernantes, el 21% se originó por enfrentamientos entre las comunidades y empresas que extraían recursos naturales.

Ya en el 2007 los conflictos socioambientales empezaron a masificarse y transformarse en actos violentos. Pasaron al primer lugar de  las motivaciones de conflictos, cuyo “liderazgo” se mantiene.

Coincidentemente en ese año se documenta que hubo la mayor trasferencia de canon minero a nivel nacional, que alcanzó S/. 5 mil 157 millones, según la Sociedad Nacional de Energía, Minería y Petróleo. Empero, el descontento persiste.

El saldo mortal de García

1] La Defensoría del Pueblo contabilizó 191 muertos por conflictos sociales en el gobierno de Alan García Pérez, de este grupo 153 fueron civiles y 38 policías. En Arequipa murieron tres pobladores en las protestas contra el proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Perú para extraer cobre en la provincia de Islay, mientras que en Chala fallecieron cinco manifestantes en protestas de los mineros informales que se oponían al plan de formalización implementado por el gobierno aprista. El conflicto más trágico ocurrió en Bagua, donde murieron 34 pobladores, de los cuales 23 fueron policías.

2]El gobierno de Ollanta Humala Tasso enfrentó las protestas organizadas en Tacna contra la actividad minera y en estos días contra el proyecto Conga en Cajamarca. Solo hubo heridos hasta el momento.

Datos

Problemática. La Oficina Defensorial de Arequipa reporta que hay seis conflictos sociales en la región por el proyecto Majes II, problemas territoriales en la frontera con Cusco, instalación de plantas harineras, problemas de demarcación entre Tiabaya y Uchumayo, entre otros.

Conflictos. A octubre del 2011 hay 217 conflictos sociales, entre activos y latentes. El 57.1% es socioambiental, que el gobierno nacional tiene que resolver.