Perumin concluyó con llamado a atraer nuevos inversores. Burocracia y problemas sociales detienen exploración, dice Roque Benavides.
El presidente de Perumin, Óscar González Rocha, recomendó agilizar los trámites para viabilizar los proyectos mineros en cartera, que equivaldrían a unos US$50,000 millones.
Al concluir el cónclave empresarial, Gonzales criticó que la consulta previa y las aprobaciones los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) retrasen más de lo previsto un proyecto minero, cuando debería ser mucho más rápido, como sucede en Chile y México, principales competidores del Perú en producción de cobre y plata.
“El asunto es atraer nuevos capitales, porque los US$50 mil millones que se mencionaron en la convención corresponden a inversionistas que ya están en el país”, refirió.
PROCESOS LARGOS. Por su lado, el presidente de Buenaventura, Roque Benavides, mencionó que la burocracia y los problemas sociales están deteniendo la exploración de proyectos mineros.
Benavides volvió a enfilar sus críticas sobre la Ley de Consulta Previa, y aseguró que esta podría dilatar el inicio de operaciones y “eso es lo que más le preocupa a un inversionista: los tiempos”.
Comentó que la minería es una actividad de largo plazo y que, de por sí, los trámites y permisos que se deben cumplir demoran demasiado. “Entonces esta consulta previa tiene que ser muy ágil, si no va a entorpecer al sector”, anotó.
Cabe señalar que, según la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, existen 167 solicitudes de estudios de impacto ambiental en evaluación o a la espera de luz verde.
NO SER ANTOJADIZOS. Finalmente, Óscar González Rocha reiteró el pedido del sector minero de participar en el reglamento de la Ley de Consulta Previa, que se aplicará desde enero de 2012.
Asimismo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pedro Martínez, recomendó ponerle “mucho ojo” a este polémico tema porque, afirmó, será clave tener los conceptos claros para que no se presten a interpretaciones antojadizas.
“Mientras la propuesta no tenga carácter vinculante, *las decisiones finales seguirán siendo del gobierno central*”, aseveró el representante del gremio minero.
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