LIMA, 26 DE ABRIL DE 2012
A
ver, ¿qué puede estar pasando acá, qué entretelas se habrán de mover
mientras se actúa una obra en el escenario de lo obvio? ¿Qué verdadera
intención se esconde detrás de la primera reacción de Newmont al acuerdo
tomado por el gobierno de Ollanta frente al caso Conga, respaldada en
el peritaje que se contrató ad hoc? ¿Por qué no podemos
ilustrarnos los ciudadanos que tributamos –y los que lo hacen de manera
indirecta también, desde la informalidad–, por qué estamos obligados a
comernos doblada la versión que se nos da de los hechos, para que sean
nuestras volátiles opiniones sintetizadas en las encuestas las que
decidan sobre el futuro de nuestra Tierra?
Una vez oficializada la
decisión del gobierno de que Conga va pero asegurándose de que la
minera cumpla con las modificaciones que figuran en el peritaje
(incluyendo sus ambigüedades para las poblaciones vecinas), ocurrido eso
sale el men de Newmont a declarar que si estas exigencias
vuelven poco rentable el proyecto, ellos se irán con sus 4,800 millones
de dólares a otros destinos donde la inversión sea más segura, pues se
daría en condiciones de mayor estabilidad. ¿Adónde? ¿Al Congo, a Guinea
Ecuatorial, a Haití? ¿A extraer grasa útil en la fabricación de Simoniz
para limusinas oscuras?
La lógica: de aplicarse las exigencias
del peritaje, se podría atentar contra el diez por ciento de utilidad
que debe tener todo proyecto minero que se precie de tal. Entre lo que
los técnicos contratados sugieren –y el gobierno convierte en elemento
vinculante para la viabilidad de Conga– destaca no emplear las lagunas
Azul y Chica como depósitos del tajo Perol, construir reservorios para
desechos tóxicos en una ubicación distinta de la planeada originalmente,
crear un Fondo Social que sume al compromiso gubernamental de invertir
5,000 millones de nuevos soles para el desarrollo local, y generar diez
mil puestos directos de trabajo. Sostiene Newmont que solo el cambio de
sede de los basureros de relaves restaría cuatro puntos a la
rentabilidad y que sumando y sumando, se terminaría trabajando a
pérdida, en cuyo caso ahí están el Congo para Conga, Guinea Ecuatorial y
Haití. Ahítos de inversión extranjera con su Coltan, sus diamantes y
sus poblaciones tan bien habituadas a la esclavitud.
A ver
entonces, para Newmont la protección de la vida y la salud de las
poblaciones cajamarquinas está como objetivo en segundo lugar luego de
la rentabilidad, y como suele ocurrir con los PERT de las mineras, la
primera prioridad es antagónica con la siguiente. Lo está admitiendo
tácitamente Newmont: “si me obligan a tomar una medida que colaborará
con el bienestar de los cajamarquinos pero que me va a salir muy cara,
entonces de haberte visto no me acuerdo”. Es tan sencillo como eso. La
cuestión es que con esta bravuconada Newmont pone al gobierno de Ollanta
contra las cuerdas, porque lo obligará o a retroceder o a dar una buena
pateada de tablero tipo Cristina Kirchner, y cualquiera de los caminos
se asoma sin frenos al abismo.
¿O se trata de una reacción
consensuada con el propio Humala? Es decir, que como la gente no está
(no estamos) ni por asomo convencidos de la transparencia del proceso
desde que se tomó los servicios de los peritos hasta hoy, entonces hacen
decir a la empresa que las condiciones exigidas son excesivas para que
pensemos que Ollanta es poco menos que William Tell. Una vez calada esta
idea, el peritaje sobre Conga y lo impuesto por el gobierno nos
parecerán una muestra de la afirmación de nuestra dignidad nacional,
siempre por delante. ¿Y si no es por delante?(Escribe: Rafo León)
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