LIMA, 26 DE ABRIL DE 2012
A
 ver, ¿qué puede estar pasando acá, qué entretelas se habrán de mover 
mientras se actúa una obra en el escenario de lo obvio? ¿Qué verdadera 
intención se esconde detrás de la primera reacción de Newmont al acuerdo
 tomado por el gobierno de Ollanta frente al caso Conga, respaldada en 
el peritaje que se contrató ad hoc? ¿Por qué no podemos 
ilustrarnos los ciudadanos que tributamos –y los que lo hacen de manera 
indirecta también, desde la informalidad–, por qué estamos obligados a 
comernos doblada la versión que se nos da de los hechos, para que sean 
nuestras volátiles opiniones sintetizadas en las encuestas las que 
decidan sobre el futuro de nuestra Tierra?
Una vez oficializada la
 decisión del gobierno de que Conga va pero asegurándose de que la 
minera cumpla con las modificaciones que figuran en el peritaje 
(incluyendo sus ambigüedades para las poblaciones vecinas), ocurrido eso
 sale el men de Newmont a declarar que si estas exigencias 
vuelven poco rentable el proyecto, ellos se irán con sus 4,800 millones 
de dólares a otros destinos donde la inversión sea más segura, pues se 
daría en condiciones de mayor estabilidad. ¿Adónde? ¿Al Congo, a Guinea 
Ecuatorial, a Haití? ¿A extraer grasa útil en la fabricación de  Simoniz
 para limusinas oscuras?
La lógica: de aplicarse las exigencias 
del peritaje, se podría atentar contra el diez por ciento de utilidad 
que debe tener todo proyecto minero que se precie de tal. Entre lo que 
los técnicos contratados sugieren –y el gobierno convierte en elemento 
vinculante para la viabilidad de Conga– destaca no emplear las lagunas 
Azul y Chica como depósitos del tajo Perol,  construir reservorios para 
desechos tóxicos en una ubicación distinta de la planeada originalmente,
 crear un Fondo Social que sume al compromiso gubernamental de invertir 
5,000 millones de nuevos soles para el desarrollo local, y generar diez 
mil puestos directos de trabajo. Sostiene Newmont que solo el cambio de 
sede de los basureros de relaves restaría cuatro puntos a la 
rentabilidad y que sumando y sumando, se terminaría trabajando a 
pérdida, en cuyo caso ahí están el Congo para Conga, Guinea Ecuatorial y
 Haití. Ahítos de inversión extranjera con su Coltan, sus diamantes y 
sus poblaciones tan bien habituadas a la esclavitud.
A ver 
entonces, para Newmont la protección de la vida y la salud de las 
poblaciones cajamarquinas está como objetivo en segundo lugar luego de 
la rentabilidad, y como suele ocurrir con los PERT de las mineras, la 
primera prioridad es antagónica con la siguiente. Lo está admitiendo 
tácitamente Newmont: “si me obligan a tomar una medida que colaborará 
con el bienestar de los cajamarquinos pero que me va a salir muy cara, 
entonces de haberte visto no me acuerdo”. Es tan sencillo como eso. La 
cuestión es que con esta bravuconada Newmont pone al gobierno de Ollanta
 contra las cuerdas, porque lo obligará o a retroceder o a dar una buena
 pateada de tablero tipo Cristina Kirchner, y cualquiera de los caminos 
se asoma sin frenos al abismo.
¿O se trata de una reacción 
consensuada con el propio Humala? Es decir, que como la gente no está 
(no estamos) ni por asomo convencidos de la transparencia del proceso 
desde que se tomó los servicios de los peritos hasta hoy, entonces hacen
 decir a la empresa que las condiciones exigidas son excesivas para que 
pensemos que Ollanta es poco menos que William Tell. Una vez calada esta
 idea, el peritaje sobre Conga y lo impuesto por el gobierno nos 
parecerán una muestra de la afirmación de nuestra dignidad nacional, 
siempre por delante. ¿Y si no es por delante?(Escribe: Rafo León)
 
 
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