Nueva minería: lo que se quiere, se puede y se debe hacer

Por José Luis López Follegatti/
Coordinador del grupo Diálogo Minero/

“Tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después en la forma de hacer minería en el Perú” fue el anuncio del presidente Humala a propósito del informe pericial de Conga. Si no queremos que el gobierno ingrese a un terreno desconocido como en La Convención, persiguiendo infructuosamente a los senderistas, o termine generalizando el conflicto como en la minería informal, es importante definir la nueva minería que deseamos.

¿Cuál es la agenda real de cambios que debe considerarse?

Las concesiones cumplieron su papel, ahora debemos adecuarlas.

Tenemos 23 millones de hectáreas concesionadas. A inicios de los noventa, cuando se dividió el territorio en cuadrantes, las exploraciones se multiplicaron lo suficiente como para descubrir nuevos y fértiles yacimientos. Entonces se dio inicio al crecimiento de la minería. Luego de veinte años esta suerte de lotización salvaje tiene que cambiar. Se hace urgente frenar la especulación de los títulos de concesión, ser más severos en la caducidad de las concesiones, y no entregar títulos sin antes haber evaluado el potencial de estos terrenos para otros usos.

Los procedimientos actuales de los estudios de impacto ambiental son insuficientes.

Su aprobación deberá estar a cargo del Ministerio de Energía y Minas en primera instancia, y luego del Ministerio del Ambiente con la opinión de la Autoridad Nacional del Agua y de los gobiernos regionales. Las audiencias públicas son insuficientes. Conga, Toquepala y Quellaveco lo demuestran. Las mesas técnicas de diálogo, lideradas por gobiernos regionales, son una alternativa. Si estos no participan, los proyectos se paralizan. Puede tardarse un poco más, pero el actual procedimiento resulta a todas luces el más lento y accidentado.

Minería con aguas servidas y recicladas.

Los proyectos mineros no deberían seguir usando agua dulce de la superficie,  deben abastecerse de agua contaminada natural, agua de mar, aguas servidas de ciudades, agua reciclada de relaves. Deben construir reservorios para dar más agua a la agricultura, apoyar la tecnificación de riego, e impulsar programas de forestación. Acciones como estas permitirán enfrentar con éxito el cambio climático.
Lo positivo es que muchas empresas ya tienen estas nuevas prácticas. Es momento de convertir estas iniciativas en política pública y corporativa.

Socios del desarrollo y riqueza compartida: asimilar estos cambios.

Las comunidades pueden lograr buenos acuerdos con las empresas. Nadie debe subestimarlas. Pueden, por ejemplo, pactar altos precios por sus tierras, alquilarlas, participar en el reparto de las utilidades y recibir fondos sociales. Un sector que el Estado debe considerar son los cientos de empresas de comuneros  que proveen a las empresas mineras: son el emprendimiento en los Andes. Muchas formas de asociación para el desarrollo, creadas en los últimos diez años, deben ser reordenadas por el Estado. Que no ocurra que solo se beneficia un sector de la población con influencia directa, mientras otros los miran desde su estancamiento. Así empiezan a gestarse los conflictos.

Nueva institucionalidad y burocracia para la consulta y la prevención de conflictos.

La consulta es la convocatoria directa al Estado para que esté presente en toda la relación que se genera entre una empresa y una comunidad. Y ello va a requerir a nivel regional y nacional una nueva generación de funcionarios públicos verdaderamente preparados para cumplir su rol. Lo mismo debe ocurrir con la prevención de conflictos: estar presentes temprano donde están las demandas y exigencias. Y ello, por supuesto, no se hará con ocho o diez funcionarios encargados actualmente de este trabajo.

Un pacto del gobierno nacional con los gobiernos regionales.

Luego de esta segunda crisis ministerial, el gobierno tiene que reconocer, con realismo y humildad, que requiere de alianzas. Un presidente nacional reunido con los presidentes regionales es el “gabinete territorial”, ideal para tomar las decisiones más acertadas. Allí se puede adoptar las políticas que le den sustento a la agenda de una nueva minería.