Ojo con ley sorpresa ampliando PAMA cuando se perfila liquidación de 
DRP. En las altas esferas públicas y privadas peruanas se deja que la 
empresa de un estadounidense famoso por sus malas prácticas en suelo 
propio, siga haciéndonos cholitos.
 Este martes se suspendió 
una reunión que debiera haber elegido finalmente a quien dirigirá la 
liquidación de Doe Run Perú (DRP), empresa que, habiendo cerrado el 
complejo metalúrgico de La Oroya hace 40 meses y amenazado hacer lo 
mismo con la mina Cobriza,  ha incumplido durante 14 años compromisos 
contractuales y ambientales, y viene dejando un perro muerto de unos US$
 500 millones que algunos calculan se duplican sumando daños y 
perjuicios. 
 La reunión liquidadora se llevará cabo el viernes, 
si no se suspende otra vez al no llegar los acreedores a acuerdos de 
procedimiento que alcancen al 50% de sus miembros.
 Es extraño que
 no hubiera concordia el martes, porque tanto el Ministerio de Energía y
 Minas, que es el principal acreedor, como mineras del calibre de 
Buenaventura, Cormin y República (unidad extractiva del ‘trader’ 
Glencore) parecían coincidir, por ejemplo, en elegir al consultor Luis 
Guiulfo, ex director de ProInversión, como director del proceso de 
liquidación.
 Mientras tanto, y como para añadir otra burla, Doe 
Run Cayman, que es una de las principales acreedoras de Doe Run Perú 
(DRP), amenazaba  con intentar convocar su propia Junta.
 No reír, que este no es un programa cómico de Michael Moore.  
Resulta que Doe Run Cayman es el segundo acreedor mayor de DRP, con 35% del total.
Resulta que Doe Run Cayman es el segundo acreedor mayor de DRP, con 35% del total.
 Como todas las Doe Run son subsidiarias del Grupo RENCO de Nueva York, 
el dueño único de ese consorcio, Ira L. Rennert, se las ha ingeniado 
para pasarse el dinero de un bolsillo a otro e invertir cerca de 0.
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Resolución de jueza Martha Flores citando a Ira Rennert fue declarada nula por la 5a Sala por falta de “sustento legal”. | 
 Esta semana la 5a Sala Penal declaró nula la resolución de la juez 
Martha Flores,  del 39º Juzgado de Lima, que convocaba a Rennert y a el 
ex gerente general de DRP Albert Brune Neil a rendir sus declaraciones 
instructivas aquí, ya que habían sido denunciados por quiebra 
fraudulenta en la Fiscalía.
  El fallo de la Sala no rechaza la decisión de la jueza, pero dice que le falta “sustento” legal.
 La Sala permite salomónicamente a la jueza insistir añadiendo 
argumentos, pero es muy probable que la defensa de DRP la recuse y el 
nuevo magistrado no necesariamente tenga el temple de Flores.
 
Dentro de lo que parece ser un panorama en que más priman los  titubeos 
timoratos juega el nuevo plan de reestructuración de DRP, presentado la 
semana pasada, que resulta siendo el cuarto.
 Aparenta 
flexibilidad para los paisanos pero insiste en lo principal:  que se les
 extienda otra vez el periodo para implementar el PAMA (el programa de 
adecuación ambiental).
 Si esto sucede, el Grupo RENCO ganaría una
 denuncia presentada ante el tribunal arbitral de La Haya y el país 
quedaría enganchado.
 Sería gravísimo. 
 El PAMA es 
extendido por ley del Congreso, así que hay que vigilar a los padres de 
la patria e impedir que los come pollos se conviertan en come plomo. 
 Y el Ejecutivo tiene un papel fundamental que jugar.
 Ira Rennert ofrece una magnífica oportunidad para demostrar que aquí se
 defiende el medio ambiente en las operaciones mineras, sean nacionales o
 extranjeras.
 Según la Defensoría del Pueblo, están activos 
actualmente unos 160 conflictos sociales en el país, la mayoría 
“socio-ambientales” relacionados con la minería.  
 
Muchos de ellos son tanto ficticios como hipotéticos o estimulados por agendas políticas.
Muchos de ellos son tanto ficticios como hipotéticos o estimulados por agendas políticas.
 El proyecto Conga, por ejemplo, moviliza sectores en Cajamarca 
especulando sobre la posibilidad de que contaminaría fuentes acuíferas. 
 El nuevo peritaje realizado por los expertos españoles Luis López 
García y Rafael Fernández Rubio, recomendando 20 modicaciones en el 
proyecto original, en nada parece haber calmado las aguas en Cajamarca.
 Mientras tanto, una realidad minero-ambiental deplorable, vigente y 
mucho más importante, resulta ignorada por las iras populares.
 
Somos un país de desconcertadas gentes y autoridades que dan la 
impresión de no percatarse realmente de la oportunidad política legítima
 que tienen en las manos.  
 
 
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