Ojo con ley sorpresa ampliando PAMA cuando se perfila liquidación de
DRP. En las altas esferas públicas y privadas peruanas se deja que la
empresa de un estadounidense famoso por sus malas prácticas en suelo
propio, siga haciéndonos cholitos.
Este martes se suspendió
una reunión que debiera haber elegido finalmente a quien dirigirá la
liquidación de Doe Run Perú (DRP), empresa que, habiendo cerrado el
complejo metalúrgico de La Oroya hace 40 meses y amenazado hacer lo
mismo con la mina Cobriza, ha incumplido durante 14 años compromisos
contractuales y ambientales, y viene dejando un perro muerto de unos US$
500 millones que algunos calculan se duplican sumando daños y
perjuicios.
La reunión liquidadora se llevará cabo el viernes,
si no se suspende otra vez al no llegar los acreedores a acuerdos de
procedimiento que alcancen al 50% de sus miembros.
Es extraño que
no hubiera concordia el martes, porque tanto el Ministerio de Energía y
Minas, que es el principal acreedor, como mineras del calibre de
Buenaventura, Cormin y República (unidad extractiva del ‘trader’
Glencore) parecían coincidir, por ejemplo, en elegir al consultor Luis
Guiulfo, ex director de ProInversión, como director del proceso de
liquidación.
Mientras tanto, y como para añadir otra burla, Doe
Run Cayman, que es una de las principales acreedoras de Doe Run Perú
(DRP), amenazaba con intentar convocar su propia Junta.
No reír, que este no es un programa cómico de Michael Moore.
Resulta que Doe Run Cayman es el segundo acreedor mayor de DRP, con 35% del total.
Resulta que Doe Run Cayman es el segundo acreedor mayor de DRP, con 35% del total.
Como todas las Doe Run son subsidiarias del Grupo RENCO de Nueva York,
el dueño único de ese consorcio, Ira L. Rennert, se las ha ingeniado
para pasarse el dinero de un bolsillo a otro e invertir cerca de 0.
Resolución de jueza Martha Flores citando a Ira Rennert fue declarada nula por la 5a Sala por falta de “sustento legal”.
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Esta semana la 5a Sala Penal declaró nula la resolución de la juez
Martha Flores, del 39º Juzgado de Lima, que convocaba a Rennert y a el
ex gerente general de DRP Albert Brune Neil a rendir sus declaraciones
instructivas aquí, ya que habían sido denunciados por quiebra
fraudulenta en la Fiscalía.
El fallo de la Sala no rechaza la decisión de la jueza, pero dice que le falta “sustento” legal.
La Sala permite salomónicamente a la jueza insistir añadiendo
argumentos, pero es muy probable que la defensa de DRP la recuse y el
nuevo magistrado no necesariamente tenga el temple de Flores.
Dentro de lo que parece ser un panorama en que más priman los titubeos
timoratos juega el nuevo plan de reestructuración de DRP, presentado la
semana pasada, que resulta siendo el cuarto.
Aparenta
flexibilidad para los paisanos pero insiste en lo principal: que se les
extienda otra vez el periodo para implementar el PAMA (el programa de
adecuación ambiental).
Si esto sucede, el Grupo RENCO ganaría una
denuncia presentada ante el tribunal arbitral de La Haya y el país
quedaría enganchado.
Sería gravísimo.
El PAMA es
extendido por ley del Congreso, así que hay que vigilar a los padres de
la patria e impedir que los come pollos se conviertan en come plomo.
Y el Ejecutivo tiene un papel fundamental que jugar.
Ira Rennert ofrece una magnífica oportunidad para demostrar que aquí se
defiende el medio ambiente en las operaciones mineras, sean nacionales o
extranjeras.
Según la Defensoría del Pueblo, están activos
actualmente unos 160 conflictos sociales en el país, la mayoría
“socio-ambientales” relacionados con la minería.
Muchos de ellos son tanto ficticios como hipotéticos o estimulados por agendas políticas.
Muchos de ellos son tanto ficticios como hipotéticos o estimulados por agendas políticas.
El proyecto Conga, por ejemplo, moviliza sectores en Cajamarca
especulando sobre la posibilidad de que contaminaría fuentes acuíferas.
El nuevo peritaje realizado por los expertos españoles Luis López
García y Rafael Fernández Rubio, recomendando 20 modicaciones en el
proyecto original, en nada parece haber calmado las aguas en Cajamarca.
Mientras tanto, una realidad minero-ambiental deplorable, vigente y
mucho más importante, resulta ignorada por las iras populares.
Somos un país de desconcertadas gentes y autoridades que dan la
impresión de no percatarse realmente de la oportunidad política legítima
que tienen en las manos.
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