La pronta venida de la época de lluvias ha puesto en alerta al centro poblado de Raccaya, provincia de Víctor Fajardo, en la región Ayacucho. Es que, a principios de este año, las lluvias torrenciales hicieron colapsar una relavera construida en el cauce del río Raccaure por Catalina Huanca Sociedad Minera SAC, cuyos residuos tóxicos se expandieron aguas abajo por varios kilómetros, contaminando la piscigranja y las tierras de las comunidades aledañas a la zona, y pese al largo tiempo transcurrido la empresa no ha remediado el problema, y se niega a negociar con la comunidad. Ello, a pesar de que Ricardo Trovarelli, gerente general de Consorcio Minero S.A. (Cormin), propietario de la Sociedad Minera Catalina Huanca y subsidiaria de la trader holandesa Trafigura, se jacta de cumplir estrictamente con un adecuado manejo ambiental en las actividades mineras que opera en el país. (Revista Gestión – 25/11/2011).
Mauro Vega, Presidente del Frente de Defensa de la comunidad de Raccaya, en Ayacucho, desmintió a Trovarelli y dijo que hasta la fecha los directivos de la mina Catalina Huanca no han remediado la contaminación provocada por el derrame del relave minero que cayó sobre la comunidad, el pasado 27 de enero, lo que estaría provocando extraños males entre la población. Denunció que la minera Catalina Huanca construyó el relave en contra de la voluntad de la comunidad, y que lo hizo encima del río Raccaure. El dirigente alertó del peligro de un nuevo desborde de relaves en la zona, por la temporada de lluvias, debido a que los directivos de Catalina Huanca no quieren cambiar la ruta de su relave minero.
Cabe señalar que Trafigura, matriz de Cormin y Catalina Huanca, fue catalogada en varios países como “la muerte ambulante”, por la intoxicación masiva que provocó al verter desechos tóxicos al aire libre, en basureros de la ciudad de Abiyan, Costa de Marfil, donde murieron 17 personas y fueron afectados más de 105,000 habitantes de las zonas pobres del país.
Vega precisó que, por todos estos problemas, ellos plantearon una renegociación con la empresa del convenio de servidumbre y el monto que recibe para obras la comunidad, considerado ínfimo (actualmente reciben solo US$2,900 mensuales, y demandan aumentarlo a US$50,000), lo que ha sido rechazado por Catalina Huanca y catalogado por Trovarelli como un chantaje.
El alcalde de Raccaya, Ascensión Aronés, refutó al gerente de Cormin, señalando que la empresa inició sus operaciones en el 2005 explotando 300 toneladas métricas de mineral por día y actualmente explotan 1,600, dejando en la comunidad solo los mismos US$2,900 dólares como retribución. “Solo ha crecido la empresa, mientras nuestras necesidades se siguen agudizando. Por eso pedimos que se entable una nueva renegociación, porque deben aumentar el pago a la comunidad, pues ellos sacan más de lo que sacaban antes”, explicó. (diariolavozdehuamanga. com).
Vega precisó que los US$ 50 mil solicitados son un monto establecido previo estudio de costos para obras en la comunidad, e incluyen la remediación del derrame del relave minero que cayó sobre la comunidad, su propuesta para mover la ruta del relave minero a otro lugar, y las obras de asfaltado y construcción de infraestructura que hacen falta en la comunidad, compromiso asumido por Catalina Huanca al momento de suscribir el convenio de servidumbre y hasta la fecha no ha ejecutado. “Pero Catalina Huanca ni siquiera quiere aportar el 10% de esa suma a la comunidad”, dijo Vega, en alusión al monto mensual que Catalina Huanca aportar a la comunidad de Raccaya como derecho de servidumbre, “suma que ni siquiera fue negociada, sino casi impuesta a la comunidad”. Vega comentó que cuando llegó Catalina Huanca a la zona, le adjudicaron 30 hectáreas de terrenos cultivables de maizales y frutales de la comunidad y que eso debe tenerse en cuenta, pues se trata de una comunidad que vive de la agricultura, pero la empresa no quiere mover la ruta del relave.
Cabe señalar que Lizbeth Ávila, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del distrito de Judicial de Ayacucho, denunció penalmente a la empresa, acusándola del delito de Contaminación Ambiental, en la modalidad culposa, previsto en el artículo 304 del Código Penal. Según informes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Mixta de Víctor Fajardo, al confirmarse que existió contaminación del río Raccaure por relave minero, mediante el informe técnico emitido por la DIGESA (Dirección General de Saneamiento Ambiental) del Ministerio de Salud (inforegión.pe – 18/07/11).
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