CONGA, MÁS QUE UN PROYECTO MINERO
El desarrollo del proyecto minero Conga, en Cajamarca, ha puesto en el centro del debate público y político la conveniencia de su ejecución, tanto para la población de las zonas aledañas al mismo como para el país en su conjunto. Asimismo, ha llegado a suscitar reacciones a favor y en contra e incluso ha generado discrepancias entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. De igual modo, ha motivado la adopción de posiciones públicamente discrepantes entre funcionarios del Estado, que han alcanzado hasta un pronunciamiento del propio presidente de la República.
Se trata, por tanto, de un asunto trascendental, puesto que por el peso de la minería en la economía nacional, una paralización de Conga haría más difícil, sino imposible, avanzar hacia el desarrollo con inclusión social que se ha propuesto el gobierno y que queremos todos. Pero, a la vez, tanto o más que un tema político, es un tema de ingeniería, ya que poner en valor la riqueza minera de Conga debe suponer usar toda la ingeniería y la tecnología necesarias para evitar los efectos negativos de dicha transformación. Y en el caso de que este extremo ideal, aunque no imposible, no fuera alcanzable, minimizarlos al máximo; habría que establecer, entonces, su impacto económico para compensar debidamente a quienes resultaran afectados. Naturalmente, este proceso necesita igualmente ser comunicado y comprendido cabalmente por todos los actores involucrados en el mismo; de modo tal que finalmente genere la aceptación social, que es indispensable para llevar a cabo el proyecto.
Desde luego es mucho más fácil enunciar este planteamiento que ejecutarlo, pero nos parece vital entender la situación claramente para actuar en consecuencia. Y, por cierto, una de las complicaciones que surgen para tal ejecución es que resulta imprescindible comunicar a los interesados y dialogar exhaustivamente con ellos de cómo es que la ingeniería y la tecnología pueden y, por tanto, van a impedir o minimizar y –al final de la vida de la mina– remediar los impactos que se hubieren producido.
Como una suerte de relatoría de agenda para esa comunicación ingieneril, quisiéramos apuntar algunos temas por explicar hasta su comprensión:
Cómo será posible lograr que el balance hídrico de la o las cuencas donde se ubicaría la mina por construir no va a alterarse. Es decir, no se reducirá el agua disponible por los actuales usuarios, ni en cantidad ni en calidad. Y si alguno (por ejemplo de la parte alta, vecina a las lagunas por afectarse y ser reemplazadas por reservorios vivos) resultara inevitablemente afectado, cómo se le compensará. Y si esa compensación puede ofrecerse no en términos económicos sino en reubicación en tierras o espacios equivalentes. Todo esto, por cierto, es perfectamente posible con ingeniería adecuada.
Cómo y con qué garantías financieras se realizará al final de la vida útil de la mina (o por procesos parciales y oportunos) el cierre de la misma; de manera que se restituya el paisaje y no queden depósitos de relaves, ni desiertos o botaderos abandonados. Y, asimismo, cómo se efectuará la fiscalización y el monitoreo de todos los parámetros que midan la calidad del agua, el aire y el ambiente en general. Esto también es totalmente posible y se puede comprobar cómo se hizo, en antiguas minas en España, Canadá y Estados Unidos.
Y del lado de los beneficios posibles será igualmente necesario decir, además, de las posibilidades de empleo directas e indirectas. Qué servicios adicionales se podrán obtener en educación, electrificación, saneamiento, comunicaciones, vialidad y conectividad.
Ciertamente se requiere instaurar una transparencia total en todos los extremos de lo que significa el proyecto e ir más allá aun: dialogar –facilitando todo el conocimiento previo que permita un diálogo de iguales– hasta agotar las dudas y asegurar que nadie resulte dañado y que, por el contrario, el beneficio sea máximo, tanto para las personas directamente vinculadas al proyecto como para todos los peruanos.
Mucho de lo propuesto está hecho o puede hacerse, pero lo que no puede de ninguna manera propiciarse es que partiendo de intereses particulares o apetitos políticos, o de cualquier naturaleza, se pretenda paralizar al país y mucho menos generar violencia.
[*] Ex ministro de Energía y Minas
Por: Juan Incháustegui *
Se trata, por tanto, de un asunto trascendental, puesto que por el peso de la minería en la economía nacional, una paralización de Conga haría más difícil, sino imposible, avanzar hacia el desarrollo con inclusión social que se ha propuesto el gobierno y que queremos todos. Pero, a la vez, tanto o más que un tema político, es un tema de ingeniería, ya que poner en valor la riqueza minera de Conga debe suponer usar toda la ingeniería y la tecnología necesarias para evitar los efectos negativos de dicha transformación. Y en el caso de que este extremo ideal, aunque no imposible, no fuera alcanzable, minimizarlos al máximo; habría que establecer, entonces, su impacto económico para compensar debidamente a quienes resultaran afectados. Naturalmente, este proceso necesita igualmente ser comunicado y comprendido cabalmente por todos los actores involucrados en el mismo; de modo tal que finalmente genere la aceptación social, que es indispensable para llevar a cabo el proyecto.
Desde luego es mucho más fácil enunciar este planteamiento que ejecutarlo, pero nos parece vital entender la situación claramente para actuar en consecuencia. Y, por cierto, una de las complicaciones que surgen para tal ejecución es que resulta imprescindible comunicar a los interesados y dialogar exhaustivamente con ellos de cómo es que la ingeniería y la tecnología pueden y, por tanto, van a impedir o minimizar y –al final de la vida de la mina– remediar los impactos que se hubieren producido.
Como una suerte de relatoría de agenda para esa comunicación ingieneril, quisiéramos apuntar algunos temas por explicar hasta su comprensión:
Cómo será posible lograr que el balance hídrico de la o las cuencas donde se ubicaría la mina por construir no va a alterarse. Es decir, no se reducirá el agua disponible por los actuales usuarios, ni en cantidad ni en calidad. Y si alguno (por ejemplo de la parte alta, vecina a las lagunas por afectarse y ser reemplazadas por reservorios vivos) resultara inevitablemente afectado, cómo se le compensará. Y si esa compensación puede ofrecerse no en términos económicos sino en reubicación en tierras o espacios equivalentes. Todo esto, por cierto, es perfectamente posible con ingeniería adecuada.
Cómo y con qué garantías financieras se realizará al final de la vida útil de la mina (o por procesos parciales y oportunos) el cierre de la misma; de manera que se restituya el paisaje y no queden depósitos de relaves, ni desiertos o botaderos abandonados. Y, asimismo, cómo se efectuará la fiscalización y el monitoreo de todos los parámetros que midan la calidad del agua, el aire y el ambiente en general. Esto también es totalmente posible y se puede comprobar cómo se hizo, en antiguas minas en España, Canadá y Estados Unidos.
Y del lado de los beneficios posibles será igualmente necesario decir, además, de las posibilidades de empleo directas e indirectas. Qué servicios adicionales se podrán obtener en educación, electrificación, saneamiento, comunicaciones, vialidad y conectividad.
Ciertamente se requiere instaurar una transparencia total en todos los extremos de lo que significa el proyecto e ir más allá aun: dialogar –facilitando todo el conocimiento previo que permita un diálogo de iguales– hasta agotar las dudas y asegurar que nadie resulte dañado y que, por el contrario, el beneficio sea máximo, tanto para las personas directamente vinculadas al proyecto como para todos los peruanos.
Mucho de lo propuesto está hecho o puede hacerse, pero lo que no puede de ninguna manera propiciarse es que partiendo de intereses particulares o apetitos políticos, o de cualquier naturaleza, se pretenda paralizar al país y mucho menos generar violencia.
[*] Ex ministro de Energía y Minas
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