Acusan al MEF de pretender aplicar una retroactividad ¨maligna¨ por la cual el régimen de crédito tributario rigió solo hasta 1999.
El Congreso de la República debe disponer el archivamiento del proyecto de ley 43-2011/PE o acordar su no aprobación porque desconoce y viola las garantías más elementales de la inversión privada en un campo decisivo para el desarrollo y el progreso del país como la educación, afirmó Luis Bustamante Belaunde, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES).
El problema –que afecta también a las instituciones educativas privadas (IEP) de educación primaria, secundaria e inicial–, se origina porque el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República el proyecto de ley 43-2011/PE para derogar la Ley 29766, pretextando que se trata de eliminar beneficios tributarios otorgados inconstitucionalmente a favor de las Instituciones IEP con carácter retroactivo.
“Se trata de una pésima señal a los inversionistas por la inseguridad introducida en el marco normativo que crea un clima de desconfianza hacia las intenciones declaradas del gobierno que busca atraer inversiones en otros sectores de la economía del país, para pretender cobrar una deuda inexistente que las IEP no estarían en capacidad de pagar, resultando un proceso confiscatorio, perjudicando a más de 500,000 alumnos y sus familias”, manifestó Bustamante.
Dijo que muchos de ellos serían empujados a interrumpir sus estudios si las IEP donde los siguen se declaran en quiebra o se vieran obligadas a incrementar las pensiones como producto del desajuste financiero que sufrirían si la Ley 29766 fuese derogada para aquellas instituciones que realizaron menos inversiones durante la vigencia del mencionado régimen.
“La interpretación del MEF crea un inaceptable e inconstitucional trato discriminatorio por la diferencia de las personas y no por la naturaleza de las cosas. Así, se aplicaría una retroactividad maligna por la cual el régimen de crédito tributario rigió solo hasta 1999 y, por tanto, se deben impuestos, moras y multas por más de 600 millones de soles que afectan a 217 IEP”, agregó.
Además, sostuvo que “todo el Ejecutivo dio señales muy claras de mantener vigente el CTR creado por el D. Leg. 882 desde el año 2000 hasta el año 2008 cuando menos, e incluso hasta nuestros días, a través de 15 Presupuestos Generales de la República, 6 Marcos Macro-económicos Multianuales, aprobados en Consejos de Ministros, el texto del D.Leg. 1087, tres consultas de Sunat al MEF de 2007 y 2008: los formularios PDT, la página web se Sunat y los procesos de fiscalización de la propia Sunat, en los que nunca hasta el 2007-2008 efectuó reparo alguno”.
El Congreso de la República debe disponer el archivamiento del proyecto de ley 43-2011/PE o acordar su no aprobación porque desconoce y viola las garantías más elementales de la inversión privada en un campo decisivo para el desarrollo y el progreso del país como la educación, afirmó Luis Bustamante Belaunde, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES).
El problema –que afecta también a las instituciones educativas privadas (IEP) de educación primaria, secundaria e inicial–, se origina porque el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República el proyecto de ley 43-2011/PE para derogar la Ley 29766, pretextando que se trata de eliminar beneficios tributarios otorgados inconstitucionalmente a favor de las Instituciones IEP con carácter retroactivo.
“Se trata de una pésima señal a los inversionistas por la inseguridad introducida en el marco normativo que crea un clima de desconfianza hacia las intenciones declaradas del gobierno que busca atraer inversiones en otros sectores de la economía del país, para pretender cobrar una deuda inexistente que las IEP no estarían en capacidad de pagar, resultando un proceso confiscatorio, perjudicando a más de 500,000 alumnos y sus familias”, manifestó Bustamante.
Dijo que muchos de ellos serían empujados a interrumpir sus estudios si las IEP donde los siguen se declaran en quiebra o se vieran obligadas a incrementar las pensiones como producto del desajuste financiero que sufrirían si la Ley 29766 fuese derogada para aquellas instituciones que realizaron menos inversiones durante la vigencia del mencionado régimen.
“La interpretación del MEF crea un inaceptable e inconstitucional trato discriminatorio por la diferencia de las personas y no por la naturaleza de las cosas. Así, se aplicaría una retroactividad maligna por la cual el régimen de crédito tributario rigió solo hasta 1999 y, por tanto, se deben impuestos, moras y multas por más de 600 millones de soles que afectan a 217 IEP”, agregó.
Además, sostuvo que “todo el Ejecutivo dio señales muy claras de mantener vigente el CTR creado por el D. Leg. 882 desde el año 2000 hasta el año 2008 cuando menos, e incluso hasta nuestros días, a través de 15 Presupuestos Generales de la República, 6 Marcos Macro-económicos Multianuales, aprobados en Consejos de Ministros, el texto del D.Leg. 1087, tres consultas de Sunat al MEF de 2007 y 2008: los formularios PDT, la página web se Sunat y los procesos de fiscalización de la propia Sunat, en los que nunca hasta el 2007-2008 efectuó reparo alguno”.
El dato
Carlos Seminario, director miembro del Consejo directivo de FIPES, explicó que la oferta educativa en el país sería absolutamente deficitaria si no fuera por las IEP creadas por el DL 882, que dinamizaron la educación tal como se dinamizaron otros sectores de la economía.
Carlos Seminario, director miembro del Consejo directivo de FIPES, explicó que la oferta educativa en el país sería absolutamente deficitaria si no fuera por las IEP creadas por el DL 882, que dinamizaron la educación tal como se dinamizaron otros sectores de la economía.
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