Estado golpea a minería informal

Destruyen cinco artefactos en Madre de Dios, donde llegaron ministros y autoridades para erradicar esta actividad ilegal y llevar desarrollo.

Marco Sánchez. Enviado especial.

Desde el helicóptero policial la selva de Madre de Dios se ve como una perfecta naturaleza muerta: bosque devastados, árboles quemados, aguas color muerte, carpas rústicas como infinitos puntos azules y grandes y amenazantes, las dragas, esas máquinas atornilladas a los ríos que extraen el último gramo de oro para la minería informal.

Abajo, cientos de habitantes se mueven como hormigas, sorprendidos por el operativo “Aurum  I” que 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional iniciaron a las 6:30 de la mañana de ayer y que prevé erradicar en seis meses esta actividad ilícita.  

Sobrevolar dos horas desde Puerto Maldonado las cuencas de los ríos Inambari,  Tambopata y Madre de Dios es suficiente para entender por qué 10 mil personas se dedican a este rubro, del cual viven otras 40 mil.
Mil ochocientos dólares vale la onza de oro (28 gramos) y los dragueros extraen 900 gramos en una buena jornada, gastando 300 mil soles en una draga, refiere un oficial de la base FAP de Puerto Maldonado. “En semanas recuperan su inversión”, explica.

Pero el costo ambiental y social es mayor.

Treinta mil hectáreas de bosques convertidas en desierto, que desde el aire se ven como oasis amarillentos y una proyección de otras 400 mil hectáreas que serán arrasadas, incluidas poblaciones indígenas enteras.
Las dragas utilizan 24 litros de mercurio al mes, y el 40% se arroja directamente a los ríos. El resto se evapora en el ambiente y llega por cualquier medio a los pobladores.  El pescado de los ríos tiene 300% de este mineral que produce intoxicación severa.

Delitos conexos

“Además de la contaminación y deforestación están los delitos conexos: lavado de dinero, explotación de menores, prostitución”, sostiene el vicealmirante Carlos Tejada Mera, director de Capitanías y Guardacostas de la Marina.

Sus cifras en power point ya no sorprenden al auditorio de autoridades civiles, militares y policiales que esta mañana se han reunido en la base FAP.

Tejada reitera que la mayoría de las 40 mil personas involucradas en la minería informal no son de Madre de Dios y están agrupadas en la Fedemín, el gremio que llevó al Parlamento a Eulogio Amado Romero, a punto de perder su curul y ser procesado.

Al mediodía y a 35 grados de calor, el helicóptero sigue dando vueltas mientras los puntos azules se multiplican en el bosque: carpas-vivienda, “prostibares” y  depósitos del mineral forman ciudadelas donde la draga gobierna.

El Estado presente

Daniel Mora, ministro de Defensa, y Alberto Giesecke Mattos, ministro del Ambiente, volaron ayer a Puerto Maldonado para supervisar el operativo. Mora explicó que tras unas horas de iniciado, se destruyeron cinco dragas-balsa, las más artesanales.

También participaron el director de la PNP, general Raúl Salazar, y el jefe del comando conjunto de las FFAA, general EP Luis Howell.

A inicios de año, en febrero, se destruyeron 36 de estos artefactos en un operativo similar.
“Esta operación fue diseñada con el presidente Ollanta Humala y no es contra nadie, sino para instalar el Estado de derecho en Madre de Dios. Es la lucha contra la ilegalidad en zonas de exclusión minera y a la vez traer a la población afectada servicios de salud, educación, instalación de aduanas y la Sunat, que no existen”, señala Giesecke.

El problema es tan grande, que rebasa la capacidad policial y militar y afecta a las reservas naturales de Tambopata, Parque Nacional del Manu y Bahuaja Sonene. “Se busca el uso sostenible de recursos y generar inclusión social”, dice.

Informales huyen de campamentos
1]El viceministro del Interior, Luis Otárola Peñaranda, sostuvo que 600 policías están autorizados para el control de la carretera Puerto Maldonado-Cusco, ruta de la minería ilegal. Helicópteros, aviones y lanchas rápidas serán utilizadas en los próximos 30 días. Hasta ayer sin embargo, no se registraron capturas, pues los informales huyen de sus campamentos.

2] Las Fuerzas Armadas están autorizadas a intervenir hasta el 4 de diciembre para garantizar el funcionamiento de servicios públicos, de aeropuertos y vías de acceso.  El sustento legal de los operativos es –entre otros– el Decreto de Urgencia 012 dado por el gobierno anterior en febrero del 2010 y que intentó ser derogado por el congresista de Gana Perú Amado Romero.