miércoles, 16 de noviembre de 2011

Doe Run Perú demanda voluntad política para reabrir La Oroya

La disputa por determinar quien asumirá el control de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú continúa generando controversias entre las empresas y directivos involucrados en el tema. Juan Carlos Huyhua, Presidente y gerente general de Doe Run Perú, reveló ayer que su mina Cobriza, uno de los dos activos importantes con que cuenta, se encuentra funcionando y produciendo 85,000 toneladas métricas de concentrados al año. Adicionalmente la mina tiene 19 millones de toneladas métricas de reservas minerales a ser explotadas en 20 años más. “Con una producción proyectada de más de 100,000 toneladas métricas al año en el corto plazo, las perspectivas de producción a largo plazo son excepcionales”, aseveró. Este sería uno de los motivos por los que Cormin quiere tomar el control a toda costa, liquidar el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), y quedarse con Cobriza.
 
Sin embargo, dijo que la liquidación de La Oroya obligaría a las empresas mineras peruanas a exportar sus concentrados, dando lugar a una pérdida superior a los US$500 millones a toda la economía nacional, por lo que es necesario voluntad política para el reinicio de operaciones, previa aprobación del Plan de Reestructuración en la Junta de Acreedores que debe convocar Indecopi, que incluye la inyección de un monto grande de dinero fresco de parte de los accionistas y el socio estratégico - Glencore - para pagar, entre otros, adeudos a proveedores.
 
Asimismo, es esencial la expedición de una norma legal que amplíe el plazo del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para el CMLO, lo que implica el reconocimiento de la deuda que ya fue aprobada en primera instancia, sostuvo Huyhua.
 
Guillermo Puelles, abogado de Cormin, dijo que su representada se opone a que se reconoz ca la acreencia por US$ 139 millones a Doe Run Cayman Ltd porque de hacerlo, esta empresa tomaría el control de la Junta de Acreedores. “Si se le reconoce la acreencia a Doe Run Cayman, los actuales dueños de Doe Run Perú seguirían en el control de la misma, es decir, Renco Group, quien es propietario de ambas filiales”. En opinión de Puelles, esta acreencia es fraudulenta y el Plan de reestructuración no sería cumplido con los accionistas actuales. Ofreció como alternativa un plan de inversión por US$100 millones aportado por Cormin, siempre y cuando Doe Run Cayman no tenga voto en la Junta. Para Huyhua dicha cifra es insuficiente y no serviría de nada, por lo que solo quedaría la liquidación de CMLO que, en su opinión, es lo que busca Cormin para quedarse con el otro activo de Doe Run, la mina Cobriza, valorizada en más de US$600 millones.
 
Huyhua reveló que la empresa factura ventas del orden de US$1,500 millones, y genera US$500 millones de valor agregado solo por el tratamiento de concentrados, constituyéndose en el sexto exportador del país.
 
Precisó que, hasta la fecha, Doe Run Perú ha invertido más de US$300 millones en proyectos de mejoramiento ambiental en La Oroya, y planea invertir US$180 millones más. “Este monto es cuatro veces mayor a lo establecido en el contrato para completar el mejoramiento ambiental, al momento de la adquisición del complejo en el año 1997”, reveló. Informó que a la fecha la empresa ha cumplido con ocho de los nueve proyectos de mejora ambiental de acuerdo al requerimiento del PAMA, los cuales han reducido sustancialmente las emisiones del complejo, llevándolo a estándares internacionales, y tiene como meta concluir el último proyecto en los próximos 20 meses, en el marco del Plan de reestructuración mencionado.
 
Precisó que es la única minera en el país que ha reinvertido el 100% de sus utilidades en proyectos ambientales, y es el empleador más grande de La Oroya, con una fuerza laboral de más de 3,500 empleados. “El 85% de ellos están en planilla, percibiendo alrededor de US$100 millones al año en sueldos y beneficios. Durante los últimos 13 años la empresa ha generado también aproximadamente más de US$400 millones en impuestos,”, comentó. Dijo, además, que durante la paralización del complejo, que ya lleva 30 meses, la empresa ha pagado alrededor de US$150 millones a sus trabajadores sin ejercer labor productiva

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