OPERACIÓN AURUM I. Efectivos militares destruyen 70 dragas extractoras de oro que contaminan ríos de la región y dañan ecosistema. Mineros informales amenazan con tomar tramo de cuatro Km. de la Interoceánica.
En el operativo, denominado Aurum I, fueron destruidos también otros artefactos similares instalados ilegalmente en los ríos Inambari, Madre de Dios, Tambopata y Malinowski.
Asimismo, marinos, soldados y miembros de la Fuerza Aérea incautaron centenares de galones de combustible, insumos químicos, motores acuáticos, y aparatos de comunicación, entre otros.
Para ello, los agentes se trasladaron a pie, en helicópteros, en aviones y en un número importante de lanchas rápidas. Por su lado, los policías volvieron a intervenir lugares de dudosa reputación, conocido como ‘prostibares’. También decomisaron miles de pies cúbicos madera producto de la tala ilegal y, además, detuvieron a docenas de personas.
Tras recibir los informes de inteligencia y los análisis de costo social y de seguridad –además de la aprobación del presidente Ollanta Humala– el ministro de Defensa, Daniel Mora, dispuso, con el alto mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la presencia de 800 militares y 750 policías en esa región selvática.
Las acciones fueron lideradas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra con el apoyo del Comando Conjunto de las FF.AA. y de la Policía.
Asimismo, contó con la presencia de fiscales, del ministro Mora, del titular del Ambiente, Ricardo Giesecke, del viceministro de Orden Interno, Luis Otárola, del jefe del CCFFAA, general EP Luis Howell, del director de la PNP Raúl Salazar y de altos mandos militares.
“La idea es traer al Estado de regreso a Madre de Dios. Hay una serie de comportamientos ilegales que se estuvieron dando en la región”, declaró Gieseke en alusión a la tierra de nadie en que se ha convertido el citado departamento selvático.
RESOLUCIÓN PREVENTIVA
El plan ya estaba en marcha. Veinticuatro horas antes, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, emitió la resolución suprema 511-2011-DE no solo para autorizar la operación militar-policial sino para prevenir, también, cualquier acto de violencia y garantizar los servicios de agua, luz, aeropuerto y vías de acceso en las mencionadas provincias.
Inicialmente, la acción conjunta se concentró en la zona minera La Pampa, a 108 kilómetros de Puerto Maldonado, donde personajes inescrupulosos han hecho de esta actividad un imperio de la ilegalidad y del daño al medio ambiente.
Otra de las medidas fue la remoción en el cargo del jefe policial de Madre de Dios, coronel Miguel Navarrete, por razones de seguridad y de nueva estrategia.
AMENAZAS
En el impresionante despliegue que alcanzó también a las provincias del Manu, Tambopata y Tahuamanu sorprendió a los mineros informales quienes –desconcertados por la medida– se reunieron en la ciudad para presionar al presidente del gobierno regional, Luis Aguirre, con el fin de que adopte medidas a favor de su situación.
“Si no detienen este operativo, nosotros vamos a adoptar nuestras medidas tomando cuatro kilómetros de la Carretera Interoceánica”, advirtió Antonio Pérez, dirigente de los informales.
Madre de Dios es reconocido por su biodiversidad ecológica, pero también por sus problemas ambientales.
LA CULPA DE AMADO
Precisamente, Pérez representa a ese sector radical no adscrito a la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin) que está contra del presidente regional y del propio legislador de Gana Perú, Amado Romero.
“La culpa de todo esto lo tiene Amado Romero. No nos ayuda en nada y encima, con sus escándalos que ha sacado la prensa, nos ha perjudicado”, declaró Pérez en las afueras de la sede regional.
Romero, denominado el ‘Comeoro’, está denunciado penalmente ante la justicia de Madre de Dios por presuntos delitos ambientales y por ser el promotor de la construcción y ventas de dragas.
El legislador, actualmente suspendido de sus derechos partidarios, reconoció que es el propietario de cuatro concesiones mineras, pero El Comercio difundió que es dueño indirecto de otros diez permisos para operar en ese rubro.
PLAN
De otro lado, tras conocer las primeras acciones de ayer el presidente regional Luis Aguirre, asesorado por sus abogados, decidió rechazar la presión de los mineros radicales y por el contrario, se reunió con representantes de la Fedemin.
Lo cierto es que un día antes, Aguirre había suscrito, con el titular del Ambiente, Ricardo Gieseke, el convenio Plan de Acción Rápida Civil.
Este acuerdo establece el refuerzo de la gestión ambiental desconcentrada y brinda asistencia técnica para un efectivo manejo estratégico de los recursos naturales. Es decir, para ayudar a formalizar a los mineros informales.
A la par, prevé el apoyo de la Policía y de las Fuerzas Armadas para controlar la minería informal en Madre de Dios a partir del sector de La Pampa, en San Francisco, y todo el corredor minero.
Al cierre de esta edición, el operativo continuaba en marcha. ¿Será el fin de la minería informal? Veremos.
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