Legisladores de Unidad Nacional presentaron el proyecto en julio pasado
Grupo de universidades particulares le debe al Estado S/. 150 millones
PEDRO ORTIZ
El proyecto de ley Nº 4902 en beneficio de las universidades que no cumplieron con pagar el Impuesto a la Renta fue presentado el 12 de julio de 2011 por los representantes de Unidad Nacional: Juan Carlos Eguren, Lourdes Alcorta, Javier Bedoya de Vivanco, Raúl Castro Stagnaro, Luis Galarreta Velarde y Rafael Yamashiro Oré.
Yamashiro era entonces titular de la Comisión de Economía, encargada de dictaminar el proyecto, y Luis Galarreta es el actual presidente de la misma comisión, que tiene a su cargo el dictamen del proyecto derogatorio del inconstitucional dispositivo.
Era presidente del Congreso, de la Junta de Portavoces y de la Comisión Permanente, el legislador aprista César Zumaeta Flores, vinculado personalmente –y a través de su esposa– a la Universidad Alas Peruanas, una de las potenciales beneficiarias del dispositivo.
El proyecto también fue firmado por los congresistas no reelegidos Fabiola Morales Castillo y Walter Menchola Vásquez, de Solidaridad Nacional.
A toda prisa
Solo un día después de la presentación, el 13 de julio, la Junta de Portavoces del Congreso –a pedido de Yamashiro– aprobó la exoneración del trámite de envío a comisiones y dispuso su prioridad en los debates de la Comisión Permanente.
El 14 de julio, esta comisión aprobó el proyecto, tras un breve debate, y el mismo día, la Junta de Portavoces lo exoneró del trámite de segunda votación, a través de una consulta virtual, porque su siguiente reunión estaba prevista para una semana después.
Al día siguiente, la Oficialía Mayor del Congreso elaboró, muy temprano, la correspondiente autógrafa de la ley, y a las 12:44 horas la remitió a la oficina del congresista Yamashiro para el visto bueno correspondiente.
Apenas 30 minutos después –a las 13:14 horas–, Yamashiro devolvió la autógrafa debidamente firmada y a las 20:20 horas ingresó en la mesa de partes de Palacio de Gobierno para la promulgación de estilo.
Alan García promulgó la Ley N° 29766 el 23 de julio, cinco días antes de la finalización de su gobierno, cuando prácticamente todos los sectores del Estado habían dejado de operar por razones de la transferencia del poder.
En contexto
De acuerdo con la Sunat, un grupo de universidades privadas con fines de lucro dejaron de pagar al Estado alrededor de 150 millones de nuevos soles por Impuesto a la Renta, al acogerse indebidamente a beneficios tributarios que caducaron en 1999.
La propuesta legal del Poder Ejecutivo, para poner fin a cualquier tipo de norma o interpretación sobre supuestos beneficios tributarios a favor de las universidades privadas, se encuentra bajo análisis en la Comisión de Economía del Congreso.
Lo que se dijo
El diario de los debates del Congreso da cuenta de la meteórica aprobación del proyecto que benefició a universidades particulares. Yamashiro argumentó que la aprobación daría lugar a dos beneficios: aclarar el plazo de duración y la fecha de caducidad de los beneficios tributarios y propugnar una mayor seguridad jurídica para el contribuyente.
Llegó a decir que "no se está estableciendo ningún beneficio, sino todo lo contrario, se está precisando el marco tributario de las instituciones educativas". Pero nada dijo acerca de la ilegal retroactividad de la ley, en beneficio de un grupo de universidades que evaden impuestos.
¿En qué gastan las utilidades?
Poco después del fin de su gobierno, el expresidente Alan García fue sorprendido a bordo de un costoso auto de lujo. Él confesó que no era propio sino de la Universidad Particular de San Martín de Porres, cuyo dueño es su exministro de Educación, José Antonio Chang.
Se supo entonces sobre uno de los rubros de inversión de las universidades particulares, a las cuales se atribuye que gastan solo en la construcción de edificios y en viajes al extranjero y nada en investigación científica y social.
En el debate parlamentario de la ley que extiende ilegalmente la exoneración del Impuesto a la Renta a favor de esos centros de estudio se tocó el tema, pero aun así se aprobó la norma.
"Este asunto hay que verlo con mucho cuidado, porque ya la educación privada en el Perú se ha convertido en un negocio. Se les hace pagar a los alumnos cada año matrícula, cada seis meses otra vez matrícula y una serie de conceptos; pero ellas no pagan impuestos", advirtió entonces el congresista Jonhy Lescano.
Datos
El congresista nacionalista Juan Pari Choquecota se refirió a la extraña celeridad del debate para la aprobación de esta norma. "Cuando se habla de propuestas de exoneración que tienen que ver con el desarrollo de un territorio, aparecen las oposiciones".
Sin embargo, "cuando aparece un beneficio tributario para la actividad privada propiamente dicha, se acelera el tema y se hacen las cosas con gran rapidez", añadió el parlamentario. Efectuada la votación, se pronunciaron a favor 21 legisladores; en contra, ninguno; y hubo cinco abstenciones.
Fecha:22/11/2011
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